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Los residentes se defienden en el tribunal de desalojo para proteger sus antecedentes y mantener sus hogares

illinoiscourts.gov

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Para este reporte, se ha cambiado el nombre de los acusados porque sus casos continúan en el juzgado

Paul llegó al tribunal del Condado de Winnebago para su caso de desalojo sin representación. El hombre de 83 años se dirigía hacía la salida después de su audiencia.

“Realmente saben como azotarte el c…,” dijo. “Disculpe el lenguaje pero estoy muy enojado.”

Estaba visiblemente alterado porque su caso no fue resuelto durante la audiencia, sino que tiene que presentarse de nuevo en otra fecha para tener tiempo de solicitar ayuda de un programa de auxilio para los inquilinos en Illinois dirigido por el tribunal. Los solicitantes que califican pueden recibir hasta $25.000 en pagos de alquiler de emergencia. Dijo que debía los últimos cuatro meses de alquiler.

Sarah llegó al tribunal con su esposo. Llevan menos de un año de casados, y el periodo de luna de miel no duró por mucho tiempo.

“En marzo entregamos el aviso de los 60 días porque he estado bajo tratamiento por mi salud mental,” dijo Sarah. “Ya no podíamos pagar para vivir allí”.

En Illinois, se requiere que los inquilinos den aviso si piensan romper su contrato de arrendamiento si este contrato no tiene una fecha final.

Dijo que prometieron pagar lo que todavía debían, unos $2,500, con la esperanza de que podrían evitar un proceso legal de su propietario, pero en abril recibieron un aviso de desalojo.

“Y me preguntaba, ‘¿Qué debo hacer con esto?’” dijo Sarah.

Dijo que los dos ganan poco y no tienen ahorros para cubrir los gastos del alquiler mientras recibía su tratamiento. Anteriormente trabajaba como paraprofesional con niños de educación especial.

Ahora trabaja de mesera.

Dijo que se presenta ante el tribunal para proteger sus antecedentes.

“Si se asocia tu nombre con un desalojo, queda asociado por siete años,” dijo. “Y esto hace casi imposible encontrar otro lugar para vivir, es decir un lugar seguro, especialmente aquí.”

Dijo que solicitaron ayuda del programa de ayuda para el alquiler, pero los proprietarios no cooperaron. El programa requiere que los propietarios llenen una parte de la solicitud.

Un proyecto de ley en Springfield habría cerrado la documentación de los desalojos de más de siete años, pero no fue aprobado. Asimismo, este proyecto de ley habría cerrado la documentación de desalojo cuando el caso queda nulificado o cuando el inquilino gana el proceso.

Los defensores dicen que la mayoría de las personas no comprenden que una presentación de desalojo no necesariamente significa que alguien fue desalojado.

Actualmente, depende del juez que se cierre un caso de desalojo.

Los oficiales del tribunal dijeron a WNIJ que durante la pandemia, se había dado un descenso en el número de casos de desalojo debido al moratorio estatal vigente, pero desde que se suspendió, los números están regresando a los niveles de antes de la pandemia.

Ocurrió algo más durante este periodo de tiempo.

“El número de apartamentos disponibles ha disminuido sustancialmente,” dijo Angie Walker, la coordinadora de City of Rockford’s Homeless (los sin hogar en la ciudad de Rockford).

“Y no sólo esto, los dueños han aumentado mucho los precios. Y además, han hecho que sea más difícil conseguir un apartamento, ya que han subido los requisitos de ingresos en comparación con el alquiler. Antes exigían el doble de ingresos en comparación con el alquiler, pero ahora quieren el triple en cuanto la comparación entre ingresos y alquiler.”

Y debido a la alta demanda, ella dijo que los propietarios frecuentemente rechazan a las personas que tienen un desalojo en sus antecedentes.

“Una cosa que el estado ha hecho recientemente es promulgar una ley en contra de la discriminación basada en las fuentes de ingresos,” dijo. “Por ejemplo, no deben decir ‘no’ si el ingreso depende de un vale, ya que deben reconocer el valor del vale como parte de los ingresos, lo cual ayudaría a la población que ocupa los niveles más bajos en términos de ingresos.”

La vivienda disponible suele ser en mal estado.

“Tenemos cinco goteras en la casa debido a vigas rotas y ningún techador quiere subir al techo porque es como una esponja, todo se hunde,” dijo John. De nuevo se encuentra en el tribunal de desalojo. Su propietario quiere abrir un caso antiguo de desalojo mientras que él quiere que el propietario repare la casa en mal estado.

Dice que mudarse no es una opción.

“Sería fácil mudarse, pero ¿a dónde voy?” Dijo que ha vivido en esta casa con su esposa por 14 años y no tiene el dinero para vivir en otra parte.

Otros acusados se quejaron de sus casas en mal estado---refrigeradoras rotas, problemas con la calefacción y goteras.

Desde agosto el juez Donald Shriver ha presidido sobre el tribunal de desalojo. Dijo que algunos inquilinos pierden sus casos porque no notificaron debidamente a los propietarios sobre las reparaciones necesarias. Dijo que si el propietario no responde, hay una ley que permite a los inquilinos de arreglar el problema y deducir los costos de su alquiler.

“Lo que uno no puede hacer es quejarse de la condición de la vivienda y dejar de pagar el alquiler,” dijo Shriver. “Esto no funciona.”

La clave es comunicarse con el propietario por escrito, dijo.

De vuelta al tribunal, la mujer recibió un fallo a su favor.

“Van a tomar posesión y van a cerrar el caso,” dijo Sarah. “Afortunadamente, esto salió bien.”

De momento viven por separado con sus respectivas familias, pero esperan ahorrar lo suficiente para conseguir un hogar propio en el futuro.

Story translated by Frances Jaeger.

A Chicago native, Maria earned a Master's Degree in Public Affairs Reporting from the University of Illinois Springfield . Maria is a 2022-2023 corps member for Report for America. RFA is a national service program that places journalists into local newsrooms to report on under-covered issues and communities. It is an initiative of The GroundTruth Project, a nonprofit journalism organization. Un residente nativo de Chicago, Maria se graduó de University of Illinois Springfield con una licenciatura superior en periodismo de gobierno.