SPRINGFIELD – Un juez federal dictaminó el viernes por la noche que Illinois no está obligado a entregar sus datos de registro de votantes completos y no redactados, incluida información personal confidencial, a la administración Trump.
En un dictamen de 14 páginas, la jueza Colleen Lawless llegó a la misma conclusión que los jueces de otros 18 distritos federales y un circuito de apelación que han dictaminado en casos casi idénticos. Descubrió que la Ley de Derechos Civiles de 1960 no otorga al fiscal general de los Estados Unidos "poder de auditoría general" para exigir datos de votantes.
Leer ahora: 2026.07.31 Opinión de Illinois (en inglés)
Ningún tribunal ha fallado aún a favor de la demanda de la administración de datos de votantes.
También dijo que el Departamento de Justicia no proporcionó ninguna base objetiva para sugerir que los funcionarios estatales hayan hecho algo malo al mantener la base de datos de registro de votantes del estado y que no ofrecía ningún propósito legítimo para buscar la información.
"La demanda del Fiscal General es deficiente tanto en su base como en su propósito declarado y no se puede hacer cumplir contra (la Directora Ejecutiva de la Junta Electoral del Estado de Illinois, Bernadette) Matthews", escribió Lawless.
Demanda de datos
El Departamento de Justicia comenzó a exigir acceso a las listas de registro de votantes no redactadas de los estados poco después de que el presidente Donald Trump asumiera el cargo para un segundo mandato en 2025.
Las listas incluyen información personal confidencial como fechas de nacimiento, números de licencia de conducir y números de Seguro Social parciales, a lo que el experto en derecho electoral David Becker se ha referido como "la Santísima Trinidad del robo de identidad".
En agosto de 2025, la junta electoral estatal le dio al DOJ una copia de su base de datos de registro de votantes en todo el estado, con información confidencial redactada. Esa es la misma información que pone a disposición de los comités de candidatos y los partidos políticos, pero los abogados del Departamento de Justicia dijeron que era insuficiente.
En sus peticiones, el Departamento de Justicia dijo que necesitaba la base de datos completa para determinar si los estados estaban cumpliendo con sus deberes legales bajo las leyes federales de mantener listas de votantes precisas y actualizadas y tomar medidas afirmativas para purgar las listas de votantes inelegibles, incluidos los no ciudadanos.
El Departamento de Justicia citó una disposición de la Ley de Derechos Civiles que otorga al fiscal general la autoridad para "exigir por escrito" a los funcionarios electorales estatales cualquier "registro o papel" relacionado con una elección que haya tenido lugar en los últimos 22 meses.
Pero los abogados que representan a grupos externos que intervinieron en el caso de Illinois argumentaron que eso era solo un pretexto y que el verdadero propósito del Departamento de Justicia era purgar las listas de votantes estatales de presuntos no ciudadanos mediante la verificación cruzada de sus listas con una base de datos de ciudadanía nacional.
Fallo judicial
En su opinión, Lawless no abordó esa teoría alternativa sobre los motivos del Departamento de Justicia. En cambio, se centró en las razones declaradas por la agencia.
Dijo que la Ley de Derechos Civiles no otorga a los investigadores federales la autoridad general para exigir registros a los funcionarios electorales estatales y que les exige que muestren una "base y un propósito" para la demanda.
Los abogados del Departamento de Justicia argumentaron que cumplieron con esa obligación simplemente citando la autoridad legal que el estatuto otorga para exigir la información. Pero Lawless rechazó ese argumento.
"Si el Fiscal General simplemente pudiera justificar su demanda con una declaración de cualquier propósito, el requisito de que especifique su propósito (y su base) sería inútil y le proporcionaría una autoridad sin restricciones para exigir registros de votación", escribió Lawless.
Dijo que la Ley de Derechos Civiles de 1960 se promulgó para combatir la discriminación racial en la votación y que una demanda de registros bajo esa ley "debe estar relacionada con la justificación del Congreso para otorgar al Fiscal General autoridad de investigación sobre ciertos registros de votación federales".
"El Congreso no confirió un poder de auditoría general al Departamento de Justicia sobre los funcionarios electorales estatales", escribió.
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Traducción del inglés mediante MateCat (TA/TM) y revisada por Carlos Loera