SPRINGFIELD — La Junta Electoral del Estado de Illinois le dijo al Departamento de Justicia de EE. UU. esta semana que está cumpliendo con todas las leyes federales que rigen el registro de votantes y el mantenimiento de las listas de votantes, y rechazó las amenazas de la administración Trump de enjuiciar a las autoridades estatales y locales por permitir la actividad electoral ilegal.
"La Junta y las autoridades electorales de Illinois se toman muy en serio su responsabilidad de mantener registros de registro de votantes actualizados y precisos, al tiempo que se aseguran de que ningún votante elegible sea privado de sus derechos al ser eliminado por error de las listas", dijo Marni Malowitz, asesora general de la junta estatal, en una carta el lunes al Departamento de Justicia de EE. UU. "El marco integral de mantenimiento de listas de Illinois, consistente con la (Ley Nacional de Registro de Votantes), garantiza elecciones libres y justas".
La carta de Malowitz fue una respuesta a una carta que el Departamento de Justicia envió el 7 de julio a los principales administradores electorales de los 50 estados y Washington, DC, amenazándolos con un proceso penal por permitir que los no ciudadanos permanezcan en sus listas de votantes o voten.
Esa carta de los federales también exigía que los funcionarios estatales respondieran dentro de los cinco días explicando en detalle qué procedimientos utilizan para limpiar regularmente sus listas de votantes inelegibles o inactivos.
Buscando el control federal
Desde que el presidente Donald Trump regresó al cargo en 2025, su administración ha hecho numerosos intentos de ejercer un mayor control federal sobre las elecciones. Con ese fin, Trump ha repetido con frecuencia afirmaciones refutadas de fraude electoral generalizado en las elecciones de 2020, que perdió ante el ex presidente Joe Biden.
En marzo de 2025, Trump emitió una orden ejecutiva ordenando al Departamento de Seguridad Nacional que trabajara con otras agencias federales en la compilación de una lista nacional de ciudadanos estadounidenses confirmados que son elegibles para votar.
También ha ordenado al Servicio Postal que busque cambios regulatorios que prohíban la transmisión de boletas por correo hacia o desde cualquier persona que no esté en esa lista, aunque ese esfuerzo se ha estancado por múltiples desafíos legales.
Trump también está presionando por una legislación federal que requeriría que los votantes muestren pruebas documentales de la ciudadanía estadounidense al registrarse para votar, así como una identificación con foto antes de emitir su voto. Sin embargo, la Ley de Protección de la Elegibilidad del Votante Estadounidense, o SAVE Act, se ha estancado en el Senado, donde no tiene suficientes votos para su aprobación.
Mientras tanto, la administración también está demandando a Illinois y a docenas de otros estados que buscan acceso a sus bases de datos de registro de votantes estatales completas y no redactadas, incluida información personal confidencial como fechas de nacimiento, números de Seguro Social y números de licencia de conducir.
Hasta el lunes 27 de julio, los jueces federales de 17 tribunales de distrito y un tribunal de apelación habían dictaminado en contra de la administración, encontrando que el DOJ no tiene autoridad legal para exigir dichos registros. Ningún tribunal ha fallado aún a favor del Departamento de Justicia sobre el tema. Sin embargo, un juez federal en Illinois aún no se ha pronunciado sobre la moción de la junta estatal para desestimar el caso.
Respuesta de la junta estatal
En respuesta a la carta del Departamento de Justicia del 7 de julio que amenazaba con el enjuiciamiento, Malowitz comenzó señalando que el Departamento de Justicia "no identifica ninguna evidencia creíble de fraude electoral u otra irregularidad en una elección en Illinois. Tampoco contiene ninguna alegación de una violación de la ley federal por parte de un funcionario electoral de Illinois ".
La carta continúa argumentando que la Constitución de los Estados Unidos "asigna la responsabilidad principal de las elecciones federales a los estados, sujeto solo a la preferencia del Congreso".
En Illinois, según la carta, la responsabilidad de administrar las elecciones recae en la Junta Electoral del Estado, una agencia independiente y bipartidista cuyos miembros "no están sujetos a la supervisión o dirección de funcionarios públicos u organismos políticos".
"Confiar la supervisión electoral a una junta independiente y bipartidista ejemplifica el compromiso de Illinois de garantizar la confianza pública en las elecciones", dice la carta. "La Junta, a través de sus acciones bipartidistas, protege contra el fraude electoral, la supresión de votantes, la confusión de votantes y la corrupción pública".
Entre las leyes federales que el Congreso ha aprobado que imponen responsabilidades a los estados, señala la carta, se encuentran la Ley Nacional de Registro de Votantes (NVRA) de 1993 y la Help America Vote Act (HAVA) de 2002.
La NVRA requiere que los estados hagan que el registro de votantes esté ampliamente disponible en lugares donde las personas participan en otras interacciones de rutina con el gobierno, como solicitar o renovar su licencia de conducir o tarjeta de identificación estatal.
También proporciona un formulario de solicitud de registro de votantes uniforme que requiere que los solicitantes atestigüen, bajo pena de perjurio, que son ciudadanos estadounidenses, mayores de 18 años y que cumplen con los requisitos de residencia del estado para la elegibilidad de votantes.
HAVA también requiere que los formularios de registro de votantes por correo incluyan una línea donde los solicitantes marquen una casilla para indicar si son ciudadanos estadounidenses.
La carta establece que los formularios de registro de votantes en Illinois cumplen con esos estándares y, "Si un solicitante no hace la certificación de ciudadanía requerida, se rechaza la solicitud de registro de votantes".
La carta también establece que los funcionarios electorales de Illinois verifican rutinariamente sus listas contra varias fuentes de datos estatales y federales, incluidos los datos del Departamento de Correcciones para identificar a los votantes encarcelados por condenas por delitos graves y los registros del Departamento de Salud Pública de Illinois para identificar a los votantes registrados que han muerto recientemente. Illinois también participa en el Centro de Información de Registro Electrónico multiestatal, o ERIC, cuyos miembros comparten información de registro de votantes y vehículos motorizados para rastrear a los votantes que se mudan de un estado miembro a otro.
Finalmente, la carta establece que las autoridades electorales locales actualizan rutinariamente sus listas enviando avisos directos a los votantes para determinar si los votantes registrados aún viven en la misma dirección.
"El enfoque de múltiples capas de Illinois para el mantenimiento de la lista de votantes está funcionando", dijo Malowitz en la carta al Departamento de Justicia. "Este compromiso impide establecer la intención y/o intencionalidad específica requerida para la responsabilidad penal en virtud de las leyes citadas en su carta".
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Traducido del inglés y revisado por Carlos Loera