Partes de la desinformación sobre la ley Safe-T afirman que afectaría a sobrevivientes de violencia doméstica.
La juez asociada Jennifer Clifford, del 17o distrito judicial, que cubre los condados de Winnebago y Boone, señaló que la ley se basa en decisiones y legislación previa, y toma en consideración a las víctimas de todo tipo de crimen.
"En todas las situaciones en que pudieron en la ley de justicia antes del juicio, incorporaron la ley de Marsy y la ley de derechos de víctimas y testigos, a fin de asegurarse de que siempre tendrían en cuenta los derechos de las víctimas," dijo la juez Clifford.
La juez Clifford está a cargo de la corte de familia de violencia doméstica, en la que falla sobre casos de felonía y otros cargos en el condado de Winnebago.
La ley de Marsy requiere que el fiscal del distrito notifique a las víctimas de crímenes sobre los procesos seguidos por las cortes en sus casos.
"Es importante que las víctimas estén enteradas y así serán capaces de dar su opinión", indicó Clifford. "El fiscal del distrito no representa a las víctimas, porque ellos representan al pueblo del estado de Illinois. Sin embargo, tienen una obligación legal para mantener informadas a las víctimas" añadió Clifford.
La ley de derechos de víctimas y testigos define que los derechos de una víctima y un testigo deben ser tratados con justicia y respeto tanto en el sistema de justicia criminal y bajo la constitución del estado de Illinois. Ahora, asegurarse de que esto suceda ha sido más difícil. En el año 2013 la legislación estatal creó un programa de protección de testigos que sólo recibió fondos hasta hace muy poco tiempo.
Bajo el sistema que entra en efecto el 1 de enero, un juez no podrá pedir el pago de una fianza. Un oficial de policía puede emitir una boleta y dar una fecha para comparecer ante un juez por ofensas menores, a menos que se consideren un peligro para otros o para la comunidad. Algunos de los delitos por los que se puede enfrentar un arresto son agresión, violación de una orden de protección, acoso y acoso agravado.
"Todas estas son las personas que, si el fiscal decide, tienen la responsabilidad de hacer una petición para detener, o pedir condiciones de liberación, como órdenes de mantenerse a distancia o cualquier otra condición que la oficina del fiscal o el juez considere necesaria para proteger al público y a la víctima también" añadió Clifford.
Bajo la ley, el fiscal tiene 48 horas después de la audiencia inicial para hacer un arresto.
Clifford agregó que todavía no está segura si bajo la nueva ley habrá más personas en detención cuando quieran presentarse ante su corte.
"Será interesante ver qué pasa", dijo la juez. "Hay tanto de este que depende de si el fiscal decide o no que quiere iniciar una petición. Ellos son los que toman las decisiones aquí. La corte no tiene ningún control sobre las peticiones que se le elevan o las causas.
Una enmienda de la ley dice que la corte no puede revertir una orden de mantenerse a distancia sin la cooperación de la víctima.
"Así pues, estoy revisando una decisión que tengo que tomar, sin que la víctima esté presente, o que el estado ponga en el registro que tuvieron contacto y que ahora hay acuerdo. Es algo que he hecho en mi corte en el pasado sólo porque creo que es lo justo.
La juez afirma que hay entrenamientos en las oficinas del estado por la corte suprema de Illinois, que han preparado al sistema judicial para los cambios que vienen en un sistema sin fianza en efectivo.
"Creo que la información es necesaria para que conozcan la importancia de los cambios. En el sistema judicial, al menos, ya estamos listos", concluyó Clifford.
Ya veremos qué pasa el 1 de enero…
