Uno nuevo proyecto de ley, presentado a la Asamblea General de Illinois la semana pasada, podría regular el impacto de los centros de datos en el agua, la energía y las comunidades sobrecargadas.
La POWER Act requiere que los nuevos centros de datos aporten y paguen su propia energía renovable, contribuyan a los fondos para asistencia de servicios públicos y hagan cumplir la transparencia.
El senador estatal demócrata Ram Villivalam, representante del octavo distrito, que incluye parte del condado de Kane, patrocinó el proyecto de ley. Dijo que la POWER Act crea barreras de sentido común que minimizan el impacto de un centro de datos en las comunidades cercanas.
“No es mucho lo que pedimos”, dijo, “Al establecer políticas que garanticen que los centros de datos, no los consumidores, soporten los crecientes costos energéticos y las protecciones críticas para nuestro medio ambiente y el uso sostenible del agua, podemos trabajar hacia un futuro construido para que la tecnología apoye nuestra vida diaria, no agote nuestros recursos y nos deje sin hogar por los altos precios.
Bajo la ley, los centros de datos que contribuyan significativamente con energía renovable y almacenamiento también se conectarán a la red más rápido que sus competidores.
El proyecto de ley también exigiría a las empresas tomar medidas de transparencia y trabajar directamente con los residentes locales para sus proyectos.
Lucy Contreras es la directora del programa estatal de Illinois de GreenLatinos, una organización nacional sin fines de lucro. Dijo que los centros de datos tienen una responsabilidad con las comunidades donde se pretenden situar.
“No se puede permitir que las grandes corporaciones tecnológicas se beneficien del boom de la IA mientras dejan que las comunidades de Illinois paguen el precio”, dijo. “Necesitamos más que solo protecciones básicas. Necesitamos beneficios reales para las comunidades anfitrionas y transparencia total en cada etapa del proceso de desarrollo”.
Dijo que la POWER Act logrará este objetivo. El proyecto de ley limitaría la posibilidad de que los centros de datos se construtan a menos de 3 millas de comunidades con alta demanda, a menos que una evaluación de impacto demuestre que el desarrollo no les causará riesgos para la salud ni el medio ambiente.
“No podemos permitirnos la complacencia ahora”, dijo. “A medida que surgen nuevas industrias, debemos seguir fortaleciendo las regulaciones. Las grandes industrias se centran repetidamente en comunidades vulnerables como la mía para grandes desarrollos, y los centros de datos no son la excepción”.
El proyecto de ley crearía un fondo, pagado por los desarrolladores de centros de datos, para que las comunidades locales tengan los recursos para exigir responsabilidades a los centros de datos.
Un comité pertinente revisará el proyecto de ley mientras que los defensores trabajan para conseguir más apoyo. Muchos legisladores están centrados en las elecciones intermedias este marzo, así que el impulso podría retrasarse hasta finales de esta primavera.
Traducido del inglés por Carlos Loera.
