ÚLTIMAS NOTICIAS: En una audiencia judicial el miércoles que cuestiona la legalidad del acuerdo entre ICE y el IRS, el juez no puso fin al acuerdo mientras se desarrollaba el caso. El gobierno indicó que las partes aún no han decidio cuándo el acuerdo entrará en vigor, según un portazoz de Public Citizen Litigation Group.
Dos grupos de derechos de los trabajadores inmigrantes de Illinois son parte del desafio legal a un acuerdo de datos entre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos y el Servicio de Impuestos Internos. Grupos de defensa buscan retrasar la implementación del acuerdo que, según dice, ayudará a la administración Trump con sus esfuerzos de deportación.
El acuerdo entre ICE y el IRS cita la orden del presidente Donald Trump en decir: "tomar medidas inmediatos para identificar, excluir o explusar a los extranjeros presentes ilegales en los Estados Unidos".
Las declaraciones de impuestos proporcionana una gran cantidad de información, incluido el lugar de trabajo y la dirección del domicilio de una persona.
Esa información podría ser de gran ayuda en los esfuerzos de control migratorio, dijo Cristobal Cavazos, el director ejecutivo de Solidaridad Inmigrante DuPage, con el propósito de "lo que el propio Trump ha dicho: esencialmente deshacerse de cualquiera que no tenga documentos en este país".
La membresía de la organización incluye a trabajadores con y sin autorización legal.
"Estábamos allí trabajando en estas fábricas por un salario mínimo, así que estamos pagando una cantidad desproporcionada de impuestos", dijo Cavazos, #y que el la administración Trump está tratando de hacer este esfuerzo excesivo al usar el departamento del IRS para perseguirnos y apuntarnos para lal deportación, esto es realmente lo que mencionamos en la demanda".
Los estudios indican que los inmigrantes indocumentados proporcionan al gobierno una fuente de ingresos para los programas de red de seguridad social en los que ellos mismos tienen prohibido participar.
"No podemos recurrir al Seguro Social", dijo Cavazos. "Tenemos mucha gente, una cantidad desproporcionada de gente, con COVID prolongado en nuestra comunidad y sin beneficios de salud. “Básicamente, estamos excluidos de todo”.
"El único derecho que parece que tenemos", anadió, "es pagar nuestros impuestos".
Dijo que durante años los grupos de defensa y derechos de los inmigranres han alentado a la gente a declarar sus impuestos.
"Si algún día va a haber una reforma migratoria", dijo, "tenemos que tener nuestros impuestos en orden".
Los inmigrantes indocumentados declaran sus impuestos con un ITIN, que es un número de identificación fiscal individual. Se creó en 1996 para permitir que las personas sin autorización de trabajo ni número de seguro social declaren sus impuestos, como lo exige la ley.
Un estudio de Yale estima que los inmigrantes no autorizados pagaron 66 mil millones de dólares en ingresos federales sobre la renta y la nómina en 2023.
Un informe de 2024 del Instituto de Impuestos y Políticas Económicas descubrió que los inmigrantes indocumentados pagaron casi 100 mil millones de dólares en impuestos en 2022.
Nandan Joshi trabaja en Public Citizen, una organización sin fines de lucro de defensa del consumidor. Él es el abogado principal que presenta una demanda en nombre de los grupos de trabajadores inmigrantes que impugnan el acuerdo de intercambio de datos.
"La administración sigue llamando criminales a todos", dijo Joshi, "pero estas son personas que pagan sus impuestos porque así lo exige la ley. Ahora ellos, [los inmigrantes no autorizados] enfrentan el riesgo de que el IRS traicione su confianza".
El grupo presentó la demanda en asociación con Alan Morrison, decano asociado de Public Interest and Public Service Law en George Washington University, y Raise the Floor Alliance. Joshi dijo que un grupo de Nuevo México y otro del área de Los Ángeles también se han unido a la demanda.
Dijo que a raíz del escándolo Watergate, cuando el presidente Richard Nixon fue tras los registros fiscales de sus enemigos políticos, el Congreso aprobó la Ley de Reforma Tributaria que establece protecciones de privacidad para información fiscal.
"Esa ha sido la base del sistema tributario de Estados Unidos durante los últimos 50 años", dijo Joshi, "que los contribuyentes pueden tener la seguridad de que, cuando pagan sus impuestos, como lo exige la ley, declaran sus impuestos y dan toda la información confidencial al IRS, esa información estará completamente protegida.".
La publicación del acuerdo entre el IRS y ICE incluye grandes porciones que han sido tachadas. Aún así, afirma que datos serán compartidos para investigar "estatutos de delitos federales".
"El gobierno no ha hablado mucho sobre cuáles son sus planes", dijo Joshi. "Entonces, dicen que lo que van a hacer es legal, pero aparentemente tienen miedo de decirle a la gente lo que van a hacer".
Joshi dijo que si ICE recibe esos datos, es difícil revertir el daño. Tendrá implicaciones mucho más allá de crear temor en la comunidad inmigrante.
"En cuanto puedan romper ese cortafuegos entre el IRS y otras agencias policiales", dijo, "podrán hacerlo también con los ciudadanos. Ojalá que esto se pueda detener antes de que suceda, pero eso es el riesgo que afrontamos ahora mismo".
Dijo que la próxima audiencia judicial programada fue este miércoles pasado, donde buscaron obener más información sobre el acuerdo, pero en última instancia, quieren que el juez lo detenga.
Un intento de detener el acuerdo con una demanda en marzo fracasó, porque el juez federal dictaminó que la demnada se presentó demasiado pronto, antes de la publicación del acuerdo. Durante el proceso de apelación, el gobierno incluyó en sus presentaciones judiciales el "memorando de entendimiento" entre ICE y DHS.
Traducido por Carlos Loera
