El miércoles, el presidente Donald Trump firmó la Ley Laken Riley.
La ley lleva el nombre una estudiante de enfermería de 22 años que murió mientras corría el año pasado en Georgia. Un venezolano con estatus temporal fue declarado culpable de su muerte en noviembre. Él anteriormente había sido acusado de robar en una Walmart.
La muerte de Riley amplificó las peticiones por medidas de deportación más fuertes y los críticos dicen que alimentó la retórica antiinmigrante.
"La Ley Laken Riley toma esta carecterística básica del sistema legal estadounidense, que cualquiera que sea acusado de un delito es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y realmente le da la vuelta a eso," dijo César Cuauhtémoc García Hernández, un profesor de derecho en Ohio State University y autor del libro "Welcome the Wretched - In Defense of the Criminal Alien."
La legislación ordena que aquellos sin estatus legal quienes que sean acusados de robo y delitos violentos sean detenidos por agentes federales de inmigración.
García Hernández dijo que bajo esta ley, el proceso legal penal terminará abruptamente.
“ICE nunca se ha encargado de llevar a los acusados penales o detenidos en su sistema penitenciario a los tribunales estatales para garantizar que los fiscales, abogados defensores y jueces puedan avanzar con un proceso penal,” dijo.
Además, dijo que crea toda una clase de personas que ICE puede negarles las protecciones otorgadas bajo la constitución.
"El Congreso aquí le está dando a ICE el poder de decir, 'No,no, no, no nos importa el proceso legal cuando se trata de estos inmigrantes,'" dijo García Hernández. "Preferiríamos que ICE los detuviera y los deportara y que les condenaran al proceso legal penal al que todos los demás tienen derecho."
Dijo que esto es preocupante no sólo porque despoja aquellos sin estatus migratorio legal del debido proceso, sino también para "todo aquellos de nosotros que estamos comprometidos en garantizar que el gobierno castigue sólo a aquellas personas que han tenido la oportunidad de enfrentar sus acusadores en audienca pública y escuchar las pruebas en su contra e impugnarlas."
La Ley Laken Riley fue aprobada con apoyo bipartidista.
Una petición a favor del proyecto de ley fue que mantendría seguro al público. Pero los estudios concluyen que los inmigrantes indocumentado cometen delitos a un ritmo mucho menor que los estadounidenses nativos.
Una de las razones por las que algunos demócratas dicen que se oponen a la ley es que no cuenta con fondos. Un memoránum obtenido por la Associated Press de los demócratas en el Appropriations Committee estima que la ley costaría 83 mil millones de dólares en los próximos tres años.
Entre la delegación de la Cámara de Representantes de Illinois, todos los republicanos y dos demócratas, los representantes Nikki Budzinski y Eric Sorensen, votaron a favor de la ley. Los senadores demócratas de Illinois, Tammy Duckworth y Dick Durbin, finalmente votaron en contra de la ley, pero ayudaron a hacer avanzar la legislación en una votación clave anterior.
García Hernández dijo que además de esta legislación, está analizando cómo se implementa la avalancha de órdenes ejecutivas de Trump sobre inmigración cuando no se asigna dinero nuevo a las polícias.
"Las compañías penitenciarias privadas no retienen a personas para ICE como una actividad de caridad," dijo. "Lo hacen porque ganan dinero, y ese dinero tiene que venir del Congreso."
García Hernández dijo que cuando el presidente Trump afirma que está ejecutando deportaciones masivas, es importante adoptar una perspectiva más amplia y ver cuánto ha cambiado realmente la política de inmigración durante un periodo de tiempo más largo.
"Por lo tanto, las noticias sobre un avión militar estadounidense que transportaba pasajeros deportados a Colombia, dijo, pueden ser de muestra.
"Este es solo un ejemplo de cómo Trump quiere demostrar que puede hacer lo que quiera y enviar personas en el avión que quiera," dijo, "cuando en realidad, las cifras no son tan diferentes de las que eran bajo la administración Biden o la administración Obama."
Hubo cientos de vuelos que transportaban a deportados a Colombia durante la administración Biden. Bajo el presidente Obama, se ejecutaron más deportaciones que cualquier otro presidente estadounidense.
Y en cuanto a cómo afecta la ley al estado de Illinois, dijo que el Congreso no tiene el poder de obligar a las autoridades locales a cooperar con las operaciones de deportación.
"El Congreso puede optar por atraer, engatusar, presionar pero no coaccionar, y esa es una línea importante que está firmamente escrita en la Décima Enmienda de la Constitución de Estados Unidos," dijo.
Bajo la Illinois Trust Act, las autoridades locales tienen prohibido cooperar con los agentes de inmigración, a menos que se les presente una orden penal federal.
Traducido por Carlos Loera
